miércoles, 29 de mayo de 2013

Asfixia de los centros por los retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía

Feaps-A alerta de su situación de "asfixia" por los retrasos en los pagos de la Junta, a la que demanda "sensibilidad". La deuda de la Administración con el colectivo de personas con discapacidad intelectual asciende a 27 millones de euros.
 
La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Andalucía) --formada por 140 asociaciones-- ha alertado de su situación de "asfixia" por la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con el movimiento asociativo, que asciende a unos 27 millones de euros --20 millones por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social y siete millones de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo--. Ante esta situación, demanda "sensibilidad" a la Administración, "sentarse a negociar y solucionar los problemas".
En rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz en Sevilla, el presidente de Feaps-A, Matías Rodríguez, ha denunciado que ni la Consejería de Presidencia e Igualdad ni los consejeros de Salud y Bienestar Social --el departamento que dirige María Jesús Montero hizo su último pago a la Confederación el pasado mes de diciembre-- y Empleo "les han recibido", pese solicitar insistentemente diversas entrevistas para poner encima de la mesa los problemas que está teniendo el colectivo. "Deberíamos sentarnos a negociar y solucionar los problemas", porque "estamos incumpliendo con las nóminas de los trabajadores --más de 10.000 en toda Andalucía-- y con los proveedores".
Igualmente, Rodríguez ha alertado de la paralización desde el pasado 27 de abril de los Servicios de Orientación Laboral --que la Federación ha venido ofreciendo de manera continuada desde hace más de diez años y que atendían a 4.000 usuarios con discapacidad intelectual--. "Estamos pendientes de que se prorrogue, se entre en concurrencia competitiva y se pueda seguir prestando", señala el presidente de Feaps, que insta a la Junta a que "sea sensible" con un colectivo en riesgo de exclusión social.
Además, lamenta que "no se esté sometiendo a las personas con discapacidad a los Programa Individual de Atención (PIA) para que pasen a los servicios vacantes". "Hay muchos servicios que no están cubiertos, mientras hay personas en sus casas sin valorar, en detrimento de la calidad y el derecho de estas.